El 18 de septiembre de 1879, Ángel I. Murga irrumpió en la escena portuaria regional. El entonces Juez de Paz -y futuro fundador de la ciudad de Necochea- dirigió al ejecutivo provincial un interesante informe acerca de la compleja situación administrativa derivada de la operatoria portuaria.
Decía Murga que “Sucede con frecuencia Sr. Ministro, que éste juzgado recibe órdenes directas de la oficina de rentas nacionales, con el objeto que el juez de paz inspeccione el descargue de algunos buques que llegan hasta el río Quequén constituyendo así al juzgado en vista o inspector de aduana.”
Las crecientes tareas absorbidas por el juzgado no permitían, sin embargo, el normal desempeño del juez de Paz. No obstante las dificultades denunciadas, Murga insistió en que “Para dar cumplimiento a esas disposiciones tendría el infrascripto que abandonar el despacho de este juzgado por algunos días, porque precisamente el punto de desembarque dista próximamente de quince leguas del juzgado.”
En opinión de Murga, la esperable debilidad institucional del Estado bonaerense a lo largo del interior de la provincia suponía un riesgo para el cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el entonces Juez de Paz del Partido de Necochea. La distancia, unos 75 kilómetros con respecto a la desembocadura, requería, o bien de la designación de un funcionario específico destinado a la tarea de Inspector de Aduana o, mejor aún, el definitivo emplazamiento de la futura Necochea en los alrededores del puerto.
En este sentido, las tensiones acumuladas entre los pobladores y las familias Díaz Vélez y Guerrico -propietarias de las tierras ubicadas sobre ambas márgenes del río- junto al crecimiento demográfico registrado durante la segunda mitad del siglo XIX, determinarían la configuración urbana de las futuras Necochea y Quequén.
En ambos casos, el sector terrateniente local buscó desplazar las propuestas de desarrollo urbano emplazadas sobre la costa hacia las tierras ubicadas al norte de los Partidos de Necochea y Lobería.
